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Anprocom: Inspecciones violan derecho al debido proceso
Demostrar la inocencia durante las fiscalizaciones que esta llevando a cabo la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) es un trabajo cuesta arriba. Así lo manifiestan los propios comerciantes que han sido inspeccionados desde la promulgación de la Ley Organica de Precios Justos, el 23 de enero, y abogados como Félix Freites, representante de la Asociación Nacional de Protección a los Comerciantes (Anprocom). La norma les dio un marco legal a las inspecciones de la llamada 'ofensiva económica' que emprendió el Ejecutivo en noviembre de 2013 y comenzó su segunda fase el 22 de abril, por orden del presidente Nicolas Maduro. Sin embargo, entre los empresarios hay mucha incertidumbre por la forma en que se ejecutan esas fiscalizaciones y por lo difícil que les resulta defenderse cuando manifiestan inconformidad con las infracciones y sanciones imputadas por los fiscales.Después de cada fiscalización, los funcionarios de la Sundde estan obligados a elaborar un acta de inspección o fiscalización y un acta de medida preventiva por cada una de las que se pueden aplicar, según el artículo 39 de la ley, según explicó Freites. Si en la inspección los fiscales 'constatan' hechos que configuran una o varias infracciones, estos deben informar a través del acta que se le impondra la sanción o sanciones administrativas que correspondan, a lo cual el empresario fiscalizado debe manifestar su conformidad o inconformidad.En caso de inconformidad, se debe ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio, según lo prevé el artículo 69 de la Ley de Precios Justos, y la persona tendra cinco días habiles para ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas. Rosario de requerimientosEl vocero de Anprocom les recomienda a los comerciantes que apelen al artículo 69 de la normativa si no estan conformes con la sanción impuesta, porque estas podrían ser usadas posteriormente por el Ministerio Público como prueba de confesión para solicitar la aplicación de medidas penales.El problema es que, amparada en el artículo 11 de la ley, la Sundde les esta solicitando a las empresas una lista de 45 requerimientos que deben consignar en esos cinco días de plazo. Estos incluyen los estados financieros auditados; el balance de comprobación de los tres últimos ejercicios económicos (en formato PDF y hoja de calculo); la información detallada de solicitudes de divisas efectuadas en Cadivi , Cencoex y Sicad , con los montos solicitados, aprobados, otorgados y pendientes; el listado de clientes o canales de distribución; el detalle del costo de comercialización de los bienes y servicios prestados, entre otros.Si bien las empresas importadoras suelen disponer de toda esa información, para la mayoría de los pequeños comerciantes eso es muy engorroso, según Freites. 'La lista es tenebrosa porque las pymes por lo general tienen solo RIF, registro mercantil y patente', afirmó.El dueño de un negocio de autopartes, quien prefirió reservar su identidad, fue fiscalizado a comienzos de junio en el municipio Sucre (Mir) durante tres días. 'Al firmar el acta con las observaciones encontradas, pusieron que estaba vendiendo por encima del 30% porque me pasaba por 7%. Tacharon la parte que hablaba del artículo 69 en el acta, y creo que me llegara la multa porque me dijeron que la sala de sustanciación (de la Sundde) se comunicaría conmigo para ver cuanto debo pagar', relató.El comerciante no esta de acuerdo con la sanción porque cada fiscal le explicaba criterios diferentes para calcular los costos, pero ya no puede objetarlo legalmente. 'A todo empresario le da temor cuando llegan, porque los vecinos ven ese espectaculo y a uno lo intimidan', aseveró. Freites también critica que en el acta de inspección se emplee la frase 'de los hechos constatados por los cuales se configuró la(s) infracción(es)', porque ello viola la presunción de inocencia y el debido proceso.... REGRESAR |
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