El Ministerio Público imputó este viernes 16 de enero a Gaby Andreína Arellano (31), por presuntamente estar vinculada con planes desestabilizadores que tenían como propósito perturbar la paz.
Según nota de prensa del Ministerio Público, la audiencia de imputación se llevó a cabo ante la Fiscalía 20o nacional, a cargo de Katherine Harington, dependencia que se encuentra en la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta. Durante el acto, la fiscal le imputó el delito de conspiración, establecido y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha norma 'cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación sera castigado con presidio de ocho a dieciséis años'.
Mas adelante, el mismo artículo explica que 'en la misma pena incurrira el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomatico o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho'. Con la imputación, Arellano adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Organico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado. Cabe destacar que el miércoles 3 de diciembre de 2014, la exdiputada María Corina Machado fue imputada por el citado delito. Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Rí¶mer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo. El Ministerio Público realiza esta investigación desde el mes de marzo del año 2014, por denuncia de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional y de un particular, quienes pidieron que se abriera una investigación para determinar responsabilidades penales respecto a un plan para atentar contra el Gobierno legalmente constituido por elecciones democraticas.
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