En Venezuela se instaló un régimen de facto a partir del 20 de octubre pasado, cuando Nicolás Maduro y su camarilla, tras una larga lista de atropellos a la Constitución, decidieron acabar con el referendo revocatorio (RR), valiéndose de unos tribunales penales de provincia. El régimen es autoritario e impopular, ya no representa a las masas, pero tiene el poder de fuego y el del dinero, escaso para muchos fines, pero suficiente para arrollar a la oposición. En ese contexto hay que discutir la dinámica de la mesa de negociación.
Los acuerdos leídos por monseñor Celli vinieron empaquetados en un lenguaje melifluo y engañoso, que le hizo concesiones indebidas al régimen. Fue un error admitir de forma velada que existe una “guerra económica”, sin exigir que se detenga y progresivamente reviertan las expropiaciones y confiscaciones y sin demandar el respeto a los derechos de propiedad. Llamar a los presos políticos “personas detenidas”, como si estuviesen en la cárcel por haberse comido o haber asaltado una bodega, fue otro desbarro, admitido por Ocariz, aunque puede aceptarse que ese es el tipo de concesiones admisibles en unas negociaciones. No creo que la gente en el exterior o en Venezuela crea que Leopoldo, Antonio o Daniel son “personas detenidas”. Me parece muy bien que los familiares de esas “personas detenidas” se indignen y protesten... REGRESAR |
