|
|
|
En el Informe Anual 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se citan dos señalamientos públicos del presidente Hugo Chávez en la campaña oficialista de las elecciones regionales del 23 de noviembre pasado. La primera: 'Si ustedes permiten que la oligarquía regrese a la gobernación, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario y para defender al pueblo de Carabobo'. Y la segunda: 'Ramón Martínez no sólo va a perder la gobernación, sino que va a terminar en la cárcel. Él verá.
Te vamos a barrer, asqueroso traidor. El 23 de noviembre te va a sacar de aquí la moral del pueblo de Sucre'.
En el documento, que fue aprobado el viernes, al final del 134° período de sesiones de la CIDH, se concluye que 'estas expresiones favorecen en crear un ambiente intimidatorio que perjudica el pleno goce de los derechos a la libertad de expresión de la población y, por ende, a un debilitamiento del Estado de Derecho'. Este tipo de situaciones, según la Comisión, se agrava con el constante hostigamiento a defensores de derechos humanos a causa de su escrutinio de la gestión gubernamental.
La CIDH exhorta al Estado venezolano 'a que en los próximos procesos electorales se promueva un ambiente de respeto a la pluralidad de las ideas y opiniones que garantice la participación de los diversos partidos y movimientos políticos de Venezuela'.
Por cuarto año consecutivo, Venezuela fue incluida en el capítulo cuarto del informe, en el que se identifica a los países 'cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial', como Cuba, Haití y Colombia. En esta oportunidad, el capítulo cuarto comprende 32 páginas que refieren información recabada por la CIDH sobre violaciones de derechos económicos, sociales y culturales; participación en la vida democrática; situación de defensores de derechos humanos; libertad de conciencia y de religión; libertad de expresión; institucionalidad y administración de justicia; seguridad ciudadana e impunidad, y situación penitenciaria.
Inhabilitaciones y paquete.
En el informe se mencionan las inhabilitaciones de candidatos a gobernadores o alcaldes.
Pero en vista de que sobre esta materia hay varios casos en curso (entre ellos el del ex candidato a la Alcaldía Metropolitana Leopoldo López), la CIDH se limitó a referir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 'La participación política, mediante el ejercicio al derecho a ser elegido, supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en igualdad de condiciones'.
La CIDH también manifestó inquietud por los 26 decretos leyes dictados por el presidente Chávez el 31 de julio de 2008, en el sentido de que se habrían emitido a través de un proceso sumario, sin debate o consulta a los ciudadanos interesados.
Al respecto se señala: 'La Comisión considera de especial importancia que, al hacer uso de las facultades otorgadas por Ley Habilitante, se respeten los requisitos establecidos por ley, de manera que se garantice la adecuada participación de los diversos sectores'. Además, la CIDH se mostró preocupada porque una de las reformas legales (de la Ley de Administración Pública) establece la posibilidad de dictar legislación extraordinaria sin hacer consultas.
La CIDH se hizo eco de observaciones formuladas por organizaciones venezolanas sobre la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, al mando directo del Presidente de la República. Aunque considera que no dispone de información suficiente, en el informe se indica que la 'vaguedad en la definición de la estructura, funciones y control de las milicias es de suma preocupación, considerando la posibilidad de que las mismas puedan hacer uso de las armas sin limitaciones definidas'.
Violencia e injusticia. En 2008, la CIDH volvió a reportar la situación de impunidad ante la violencia e inseguridad ciudadana en Venezuela: homicidios (9.653 asesinatos entre enero y septiembre, según estadísticas del Cicpc) y ejecuciones extrajudiciales (6.000 entre 2000 y 2007, con 2.000 policías implicados y menos de 400 sancionados).
En forma específica, 'la Comisión manifiesta preocupación por el número de dirigentes sindicales víctimas de atentados y amenazas a su vida e integridad personal, y solicita al Estado venezolano efectuar un diagnóstico sobre tales hechos, con el fin de determinar las causas que estarían generando tal situación, como así también diseñar medidas adecuadas y efectivas tendientes a la prevención, investigación y sanción de los responsables'.
En una de las audiencias temáticas sobre Venezuela que se realizaron en el 134° período de sesiones, Provea precisó a la CIDH que entre 2007 y 2008 fueron asesinados 67 sindicalistas y que en lo que va de 2009 han muerto otros 18.
Una vez más, el Informe Anual de la CIDH incluye observaciones sobre la falta de independencia del Poder Judicial venezolano como grave corolario del deterioro de la situación de derechos humanos en el país: 'Tanto el incumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales para el nombramiento de jueces expone a estos funcionarios a posibles presiones indebidas'.
REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
