En la primera entrega del Observatorio de Derechos de Propiedad, promovido por la asociación civil Liderazgo y Visión, se advierte que el Gobierno ha procedido a ejecutar, al menos, 762 expropiaciones en el período 2005-2009.
El coordinador de la investigación, Felipe Benites, señaló que estas acciones ejercidas por el Gobierno, a través de varios organismos oficiales e incluso 'con las presencia activa o pasiva de la Fuerza Armada, incumplen las leyes y la Constitución de 1999, por tanto las apropiaciones se convierten en una vía de hecho, esto es, en una actuación estatal violenta, sin base jurídica e injustificada'.
Por tanto, explica, 'estas mal llamadas expropiaciones' las ha aplicado el Gobierno a la propiedad privada nacional, 'a empresas petroleras, mineras, cementeras, briqueteras, eléctricas; a centros de producción agrícola y pecuaria, a centrales azucareros, a viviendas y edificaciones, a fincas; al sector financiero local, telecomunicaciones y, entre otros, al Teleférico del Ávila', especificó el ex presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala.
'Ninguna de estas empresas funciona mejor que cuando estaban en manos privadas. Muchas están paralizadas en su totalidad y varias de ellas, como Invepal, han tenido que recapitalizarlas tres o cuatro veces porque han estado quebradas ese mismo número de veces', dijo el industrial.
'Esa es la gerencia del fracaso', argumentó. 'Todo lo que han manejado e intervenido está condenado a ir empeorando. Los empresarios están desanimados a invertir en un país que no le brinda garantías del derecho de propiedad'.
Rafael Alfonzo, vicepresidente de Liderazgo y Visión, añadió que los venezolanos 'no se comen el cuento de la propiedad social porque saben que no es de ellos, sino del Estado'. REGRESAR |