|
|
|
Las acciones emprendidas por la Alcaldía del Municipio Libertador para consumar la expropiación de la zapatería Mariángela, ubicada en la esquina de San Jacinto, fueron rechazadas por la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificándolas de arbitrarias e ilegales.
El presidente de Apiur, Roberto Orta, cuestionó que el desalojo de los empleados y dueños del local comercial haya sido realizado por efectivos de la Policía Municipal, sin cumplir los requerimientos establecidos en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública.
Orta recordó que el texto legal, con ocho años de vigencia, contempla un conjunto de pasos bien definidos. En primer lugar, la Alcaldía debe hacer una convocatoria para que haya un acuerdo amigable (artículo 22). Seguidamente, la autoridad municipal demandará la expropiación ante un tribunal de primera instancia en lo civil (artículos 23 al 33).
La acción continúa con el nombramiento de tres peritos: uno por el alcalde, otro por el propietario del inmueble y un tercero designado por el tribunal o por mutuo acuerdo entre las partes.
Los tres peritos fijarán un justiprecio que deberá ser pagado por la Alcaldía. El dinero será consignado en el tribunal antes de proceder a la ocupación del local.
Roberto Orta cuestionó el hecho de que la Alcaldía de Libertador no haya observado ninguno de los pasos mencionados.
El presidente de Apiur explicó que en caso de existir un fondo de comercio, como ocurre con la zapatería Mariángela, el Estado está en la obligación de indemnizar.
Y citó el artículo 39: 'Cuando en el inmueble (...) exista un establecimiento industrial, comercial, mercantil o fondo de comercio, se indemnizará a su propietario por los daños causados con motivo del cese de actividades y el traslado para su reinstalación en la nueva sede (...)'.
Orta puso de relieve que las autoridades del municipio Libertador 'están aplicando las vías de hecho', y al no cumplir con los pasos previstos en la ley 'lo que existe en el caso de la zapatería Mariángela es una confiscación'.
'La Constitución permite confiscaciones solo en delitos de narcotráfico o de corrupción', acotó.
Para el vocero de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, si se toma en cuenta que existe la intención de convertir el local mencionado en la sede de una 'arepera socialista', la expropiación no reviste urgencia alguna, por lo que 'resulta incomprensible tanta arbitrariedad'. REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
