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El régimen comunista de Chávez está profundizando el proceso confiscatorio de bienes con el propósito de consolidar su poder económico que lleve en un plazo relativamente corto a la desaparición de la propiedad privada y con ella cualquier vestigio de capitalismo en el país.
Los principales voceros del Gobierno no ocultan sus fines, cuando incluso afirman que en la etapa de transición hacia el comunismo, que de manera engañosa disfrazan de socialismo bolivariano, existirán formas de propiedad capitalista junto a las de propiedad estatal.
El régimen se autoproclama de obrerista pero sus acciones lo delatan. Trabajadores de Agroisleña y de Owens-Illinois han pagado caro su desafío. Dirigentes sindicales han sido destituidos de manera arbitraria por el Gobierno que desea sindicatos obreros sumisos a su voluntad.
A esta ola de atropellos y terrorismo de Estado frente a la propiedad, la libertad sindical o la iniciativa privada se añaden los actos de violencia contra individuos. Hace unos días, presenciamos el cobarde ataque a dirigentes de Fedecámaras.
También avanza la corrupción apadrinada desde las esferas del poder. No podemos predecir hasta dónde llegará el Gobierno con sus radicalizaciones y arbitrariedades, pero sabemos con certeza que la copa de la paciencia ciudadana se está llenando y que en cualquier momento una gota será capaz de rebosarla.
Los trabajadores de las empresas confiscadas, han mantenido una honrosa actitud en defensa de sus puestos de trabajo. El país identificado mayoritariamente con la democracia está obligado a reaccionar y hacerle sentir al Presidente que no puede seguir haciendo lo que le venga en gana. Recordemos que los futuros triunfos electorales pasan necesariamente por las movilizaciones populares presentes.
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