Las expropiaciones le han costado 27 mil millones de dólares al Ejecutivo nacional, es decir, un 11,4% del Producto Interno Bruto promedio de los últimos cinco años, de acuerdo con el último informe de Ecoanalítica. La política de estatizaciones que inició con fuerza en el 2005 ha contemplado a sectores considerados 'estratégicos' como el de telecomunicaciones, petrolero y energético. No obstante, las expropiaciones han ido más allá y, en el proceso, han abarcado a la industria de los alimentos, cementeras, minería e, incluso, proyectos habitacionales. Ecoanalítica indica que según la base de datos de expropiaciones de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), entre el 2005 y 2010 el gobierno ha aplicado la 'adquisición forzosa' de 37 hatos y fundos del área agroindustrial; 22 empresas procesadoras de alimentos; 30 centros de distribución y almacenamiento y 6 supermercados de mayoristas y minoristas, con lo que el Estado posee el 75% de la producción cafetalera, 52% de la azucarera, 42% de la harina precocida, 40% del arroz y 35% de los lácteos. 'Si bien la política de expropiaciones comenzó en el 2005, año en el que el gobierno expropió un total de 35 empresas, el fundamento legal que permite al Ejecutivo, mediante decreto presidencial, expropiar bienes privados por causa de utilidad pública está vigente desde el 2002 (cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública Social)', señala el informe. La firma considera que el concepto 'estratégico' ha sido muy flexible y sostiene que 'el término estratégico puede ser todo aquello que, con bases ideológicas enmarcadas en el proyecto político oficialista, incrementa el control políticoeconómico del Presidente, sin deteriorar demasiado su popularidad'. El ritmo de las expropiaciones, indican, resulta altamente dependiente de la disponibilidad de recursos para realizarlas, ya que estas resultan sumamente costosas para el Estado. Aunque los resultados de ineficiencia y merma productiva tras las expropiaciones abundan, la consultora Ecoanalítica asegura que el resultado de las expropiaciones ha sido heterogéneo hasta ahora, pues en algunos casos no existen evidencias claras de que la gerencia del Estado haya empeorado el servicio de la empresa expropiada. 'Por ejemplo, está el caso del Banco de Venezuela, cuyos indicadores continúan estando por encima del promedio del sistema financiero, así como el de CANTV, que aunque ha recibido críticas puntuales, su servicio mantiene la calidad que poseía como empresa privada y sus beneficios muestran una ligera tendencia creciente'. Sectores en la mira De acuerdo con Ecoanalítica, en el futuro no tan inmediato, los sectores que poseen mayores riesgos de expropiación son medicamentos y salud y, en menor medida, telecomunicaciones e instituciones financieras y seguros, y transporte y almacenamiento.'Las grandes empresas de telefonía pueden estar a salvo durante los próximos años, debido a que el gobierno se siente cómodo con su posición de gran competidor de las empresas privadas gracias a la expropiación de Cantv y Movilnet'. ¿Cómo minimizar el riesgo? La firma Ecoanalítica considera en su último informe que las empresas privadas que buscan mantenerse en el mercado venezolano y minimizar el riesgo de expropiación deben trabajar bajo 'las reglas implícitas del gobierno'. Explican que esto implica 'dar una imagen de búsqueda del bienestar colectivo más que la de búsqueda de la maximización de beneficios. Para lograr esto, las empresas deben proteger a sus trabajadores, procurar su participación en las decisiones gerenciales, e incluso podrían ser pioneras e ir más allá e incluir a los trabajadores dentro de la estructura accionaria, tal como lo propone la nueva Ley del Trabajo'. REGRESAR |