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Ha tomado el Gobierno el peligroso atajo de las expropiaciones y ha desvirtuado la razón de ser de este instrumento jurídico.
La figura de la expropiación es una pieza fundamental cuando por razones de interés público un gobierno decide realizar obras de interés colectivo y opta por expropiar ciertos bienes, previo el pago de una justa compensación a los dueños, quienes reciben el pago de forma oportuna y equitativa según el valor del bien. Pero ese no es el caso de Venezuela, donde el Presidente ha aplicado una política de liquidación del sector privado de la economía y ya no se expropia por el interés general sino más para acabar con el fundamento del sistema de propiedad privada, para dar paso a la propiedad estatal y con ello beneficiar a un conjunto de burócratas que pasan a dirigir esos negocios.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la expropiación de una zapatería puede ser objeto de interés nacional. Hasta a eso ha llegado el Gobierno.
Casos emblemáticos de empresas expropiadas como Sidor o la Electricidad de Caracas son una muestra de los que no se debe hacer. Sidor, que era una empresa productiva que exportaba y pagaba impuestos al Fisco nacional, ahora importa acero y debe recibir subsidios del Gobierno, y la Electricidad de Caracas es víctima de un proceso de desinversión que ha afectado seriamente la prestación del servicio. Otro ejemplo es el de las empresas del cemento: todas fueron expropiadas y hoy escasea el cemento y se contrabandea a precios exorbitantes.
Las expropiaciones tienen un costo enorme para la sociedad. Cuando el Gobierno paga y se hace con la propiedad, en realidad no está creando nuevas capacidades productivas, se trata de las mismas empresas que sencillamente cambiaron de manos. Hubiese sido preferible haber invertido esos recursos en la construcción de nuevas empresas y así se tendrían las ya existentes más las nuevas.
El Gobierno ha gastado más de US$ 15.000 millones en la compra de empresas pero con ese dinero no ha creado un solo puesto de trabajo justamente porque no hay nuevas empresas sino empresas con diferente dueño. Por otra parte, al temer ser expropiado nadie invierte.
Primero, porque no vale la pena hacerlo si la propiedad va a ser transferida al Gobierno y, segundo, porque no se sabe si le van a pagar el monto invertido. Así, las expropiaciones son dañinas y costosas para el país. REGRESAR |
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