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Amnistía Internacional dio a conocer su informe 2008 sobre los derechos humanos, concluyendo que en Venezuela no se han adoptado medidas efectivas para detener la violencia política entre simpatizantes y opositores del gobierno ni se han detenido a unos 2000 policías implicados en ejecuciones extrajudiciales.
El informe destaca que de las 6 mil denuncias por ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los agentes policiales y presentadas a la Fiscalía, de los dos mil agentes implicados, menos de 400 habían sido detenidos de forma preventiva al concluir el año.
Introducción
El presidente Hugo Chávez Frías asumió en enero su tercer mandato presidencial, y la Asamblea Nacional le concedió la facultad de promulgar por decreto, durante un periodo de 18 meses, leyes sobre un amplio abanico de cuestiones, entre ellas la seguridad pública y la reforma institucional.
En diciembre, los ciudadanos venezolanos rechazaron en referéndum cambios constitucionales controvertidos. Instancias como el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, la representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos y el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados habían expresado la preocupación de que algunos de los cambios constitucionales propuestos limitaran derechos humanos fundamentales.
Violencia política
Las autoridades no adoptaron medidas efectivas para poner fin a la escalada de violencia registrada en el contexto de las manifestaciones promovidas por simpatizantes y opositores de la política del gobierno. A lo largo de todo el año se recibieron informes sobre enfrentamientos violentos entre civiles, y entre éstos y agentes de policía, que se saldaron con decenas de heridos y con la muerte de al menos dos personas.
Decenas de manifestantes, sobre todo estudiantes -incluidos varios menores de 18 años-, resultaron heridos o fueron detenidos durante las manifestaciones de protesta originadas por la decisión de las autoridades de no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo. En los enfrentamientos resultaron heridos también varios agentes de policía.
Como consecuencia de las tensiones suscitadas por las reformas constitucionales propuestas, se registraron asimismo enfrentamientos entre agentes de policía y manifestantes, y entre estos últimos y civiles armados.
Policía y servicios de seguridad
Según el fiscal general del Estado, entre 2000 y 2007 se habían presentado ante la fiscalía más de 6.000 denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía. De los 2.000 agentes, según los informes, implicados en estos actos, menos de 400 habían sido detenidos de forma preventiva al concluir el año.
Al finalizar el año tampoco se había puesto en práctica ninguna de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Entre ellas figuraban la adopción de medidas para mejorar la rendición de cuentas de la policía, la formación sobre derechos humanos y uso de la fuerza, la regulación y el control de las armas empleadas por las fuerzas de seguridad, y la promulgación de leyes para la integración de los diferentes cuerpos policiales.
Violencia contra las mujeres
En marzo entró en vigor la nueva Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aunque en ella se garantizaba una mayor protección a las mujeres víctimas de actos de violencia, al finalizar el año no se había elaborado todavía un plan de acción dotado de todos los recursos necesarios para ponerla en práctica.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de agresiones y actos de intimidación.
En febrero, José Luis Urbano, defensor de los derechos humanos y presidente de la Organización Pro-Defensa del Derecho a la Educación, resultó herido como consecuencia de unos disparos en su ciudad natal, Barcelona, en el estado septentrional de Anzoátegui. El atentado se debió al parecer a las críticas que había formulado en público contra la calidad de la educación impartida a los menores del estado sin recursos económicos, y a las denuncias de corrupción que había realizado. José Luis Urbano recibió protección hasta abril. Al finalizar el año, sin embargo, no se había procesado todavía a nadie por el atentado.
Control de armas
El uso de armas de fuego para cometer homicidios y otros delitos violentos siguió estando muy extendido, incluso en las cárceles. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, órgano encargado de llevar a cabo este tipo de investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado, registró 9.568 homicidios entre enero y septiembre de 2007, 852 más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de que la mayoría de estos homicidios se cometieron con armas de fuego, no se adoptaron medidas para poner en práctica las recomendaciones del Plan Nacional de Control de Armas, en vigor desde 2006.
Visita de Amnistía Internacional
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Venezuela en julio para investigar violaciones de derechos humanos perpetradas contra mujeres. REGRESAR |
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