El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló hoy el decreto del presidente venezolano, Hugo Chávez, que nacionalizó para operar en 'exclusividad' la industria cementera, hasta ahora en poder de las empresas Cemex de México, Lafarge de Francia y Holcim de Suiza.
Dos meses después de promulgar el decreto que esperaba la sentencia del TSJ para entrar en vigor, el Supremo dijo que el texto del Ejecutivo 'sistematiza aquellas normas que tornarán operativo el proceso de transferencia y transformación del sector cementero' para que sea controlado por el Estado, 'con exclusividad'.
La industria del cemento es de 'innegable valor estratégico para el desarrollo económico y social del país', agregó el fallo.
Cemex aportó alrededor de la mitad de los poco más de diez millones de toneladas métricas de cemento producidas en Venezuela el año pasado, en tanto que Lafarge y Holcim el 50 por ciento restante en partes iguales.
Al anunciar la nacionalización, Chávez argumentó el pasado 3 de abril que las tres empresas exportaban la mayoría de su producción en detrimento del mercado local, y aseguró que pagará por ellas 'hasta el último centavo' que se acuerde para dicho traspaso.
'Quiero garantizar que nosotros respetamos el derecho de esas empresas. Venezuela ha demostrado ser un país responsable; es decir, reconoceremos sus activos y les pagaremos hasta el último centavo, pero vamos a recuperar las empresas de cemento privatizadas y (entregadas) a multinacionales', manifestó ese día.
Recordó que el sector fue privatizado unos cinco años antes de su llegada al poder en 1999, y explicó que hoy el Estado 'las necesita, porque ha habido una explosión (de crecimiento) en la construcción', pero se enfrenta a diversos problemas.
El Gobierno de Chávez mantiene negociaciones por separado con las tres empresas para fijar el monto de la indemnización a la que tienen derecho, así como las condiciones laborales con los trabajadores.
El secretario general del sindicato de Cemex, Óscar Rondón, dijo recientemente que con la nacionalización se está 'haciendo justicia', ya que, a su juicio, existían 'muchas diferencias' en salarios y beneficios.
Los trabajadores de la filial mexicana reclaman ser incluidos 'en la nómina fija' de la empresa estatal o mixta con mayoría de acciones en poder del Estado que creará el Gobierno venezolano, añadió.
Cemex tiene 547 trabajadores en Venezuela y otros 200 contratistas, en tanto que las otras dos empresas cuentan con unos 800 trabajadores cada una.
El ministro de Trabajo, José Ramón Rivero, ha advertido que no aceptará que se registren despidos durante su transición a manos del Estado, lo que fue reiterado la semana pasada por el ministro de Energía, Rafael Ramírez.
Los empleados venezolanos y extranjeros de las cementeras 'deben sentirse de júbilo, pues a partir de la puesta en marcha de esta nacionalización se restablecerán relaciones justas para todos', agregó Ramírez la semana pasada. REGRESAR |
