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La Asamblea Nacional realiza gestiones para poner orden en la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) -antes Índice de Precios al Consumidor (IPC)- en los contratos inmobiliarios.
A través de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, el Parlamento ha recibido la queja de afectados por la aplicación de la inflación sobre la totalidad de la deuda contraída para adquirir una vivienda en construcción, lo que se traduce en una indexación.
Laura Valls, diputada del Partido Patria Para Todos (PPT) por el estado Carabobo, informó que dirigió, el pasado miércoles, una comunicación a Eduardo Samán, presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), en la que solicita una audiencia para tratar el caso. Al mismo tiempo, planea invitar a representantes del Ministerio de la Vivienda para que se incorporen a una mesa en la que se buscarán salidas a la situación.
Valls, quien forma parte de la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la AN, admite que cobrar el Inpc es una forma de recuperar el valor del dinero, pero considera que es ilegal aplicar la fórmula al precio total del bien.
En su opinión, el cálculo debe hacerse sobre 30% que representa la inicial en el costo de un inmueble y no sobre el monto final, pues las inmobiliarias estarían beneficiándose de recursos que no han financiado como 70% que presta el banco al comprador de la vivienda.
Según la parlamentaria, la situación ha permitido que los desarrolladores inmobiliarios se demoren más tiempo del acordado en la entrega de los proyectos, pues saben que con una 'indexación disfrazada a través del Inpc', podrán recuperar cualquier pérdida.
Al recurrir al Indepabis, el Parlamento busca que por vía de una resolución se establezcan reglas claras en la compra de viviendas en plano, mecanismo al que recurren muchas familias que no cuentan con la inicial, la cual es financiada y fraccionada por las inmobiliarias.
La parlamentaria dijo que la mayor parte de denuncias que ha recibido provienen del estado Carabobo, donde la cantidad de familias afectadas asciende a 7.000.
En vista de la situación, el Parlamento ha sugerido a los involucrados designar a un vocero por cada proyecto habitacional.
La situación no sólo afecta a los compradores de viviendas en plano, sino también a los de locales comerciales.
Valls recomendó a aquellos afectados que al momento de pagar la cuota inicial no cuenten con el monto correspondiente a Inpc, depositar en la cuenta de la constructora y hacer la debida notificación a fin de no quedar como morosos. Asegura que con esto no se busca causar daño a los promotores, sino evitar que se especule con los compradores.
El trabajo que en conjunto realizarían la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de la Vivienda también tocará cláusulas consideradas 'ilegales' como el cobro de elevados intereses por no pagar en plazos establecidos y la rescisión unilateral de contratos con la devolución de solo un porcentaje del dinero invertido en la adquisición de una solución habitacional.
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