|
|
|
El año 2008 terminó con una cifra sin precedentes en cuando a los secuestros reportados en todo el país. Los datos del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia revelan que durante ese período hubo 537 plagios. Esto representa un aumento de 52% respecto al total de 2007, que fue de 353 casos.
En ese momento se consideró que sería muy difícil rebasar esta cifra. El Ejecutivo anunció que las divisiones antisecuestro de la policía judicial y de la Guardia Nacional serían reforzadas con personal de otras dependencias y aportes financieros que surgirían de la partida de Gastos de Seguridad y Defensa del MIJ. Las inversiones serían coordinadas a través de la Disip.
Pero al finalizar 2008 nada de eso se había logrado. El número de víctimas también se incrementó de 396 que hubo en 2007 a 627 este año (58%). En este resultado incidió no sólo el aumento del total general, sino también de los casos en los que hubo múltiples víctimas, como el de los hermanos Parra Urdaneta, reportado en Judibana, estado Falcón, en febrero.
En 267 casos las víctimas fueron liberadas por 'presión policial'. Esto quiere decir que los delincuentes abandonan al plagiado por temor a ser capturados. En otros 106 casos la víctima recobró la libertad después del pago de un rescate. Los cálculos gubernamentales revelan que el total cancelado fue 10% menor que la suma de los rescates conocidos en 2007.
Fuentes policiales indicaron que este es el producto del incremento de los casos y de la incorporación al plagio de bandas de delincuentes comunes que piden poco dinero por sus víctimas.
Septiembre fatal. En 2008 el asesinato de los cautivos fue 75% mayor respecto a 2007.
Hubo en total 21 víctimas.
Seis de estos casos ocurrieron en septiembre. Ese mes, por ejemplo, fue hallado en Barinas el cadáver del empresario español Juan Eugenio Martín Rodríguez, un vendedor de repuestos para automóviles que tenía 43 años en el país. Habían pedido 166.000 euros por su liberación.
También fueron reportados 80 rescates. De ellos 47 fueron realizados por la policía judicial, 25 por la Guardia Nacional y el resto por unidades integradas por funcionarios de ambos organismos.
El estado con más secuestros fue Zulia, con 103 casos reportados en los que hubo 116 víctimas. No obstante, las autoridades observan que la región centro-norte del país acumula la mayor cantidad de casos, con 257.
Esta tendencia se había manifestado en 2007 y confirma que el secuestro dejó de ser un delito netamente fronterizo, como ocurrió hasta mediados de la década pasada, para convertirse en un problema urbano.
El secuestro se extendió por todo el país hasta el punto de que todos los estados reportaron algún caso en 2008.
Hasta el momento no se sabe con precisión cuántas personas recibieron el año nuevo en poder de plagiarios. Hasta el 15 de diciembre, las cuentas oficiales señalaban la existencia de 116 cautivos. A este número habría que sumar por lo menos 31 personas que no han sido liberadas desde 2005.
Plagios sin cautivos. Al menos un tercio de los casos reportados en el Distrito Capital y el estado Miranda fueron ejecutados mediante una modalidad conocida como 'secuestro virtual'.
Este procedimiento es ampliamente conocido en México y Colombia. Las víctimas por regla general son personas altamente ocupadas, como gerentes de bancos y empresas transnacionales, que siguen una rutina que les obliga a realizar tareas durante largos períodos fuera del hogar.
Como en el secuestro tradicional, los delincuentes conocen las actividades desarrolladas por la víctima. Cuando se encuentra incomunicada debido a sus labores, los familiares reciben una llamada señalando que la persona ha sido capturada y que su vida corre peligro si no pagan una suma que ronda los 5.000 bolívares fuertes.
En el secuestro virtual los antisociales no dan fe de vida.
Pero la llamada es tan amenazante y tan precisos los detalles sobre la supuesta víctima que los familiares se apresuran a cancelar el dinero exigido.
El engaño queda al descubierto sólo cuando reaparece la persona que supuestamente estaba cautiva.
Ley en el limbo. El 15 de agosto la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la ley contra el secuestro, la extorsión y otros delitos conexos de privación ilegítima de libertad.
Han pasado casi cinco meses y el Presidente no le ha puesto el ejecútese a esta normativa.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores explicaron que el texto fue objetado por la Procuraduría General de la República.
Las críticas de este organismo, dependiente del Ejecutivo, se refieren a la supuesta inconstitucionalidad de la disposición que obliga al Ministerio Público a vigilar los bienes y cuentas de los secuestrados, así como también de sus familiares y parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
También fue cuestionado el artículo que señalaba como órganos de investigación en secuestros a la policía judicial y a la Guardia Nacional. El argumento es que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional le otorga esa atribución en forma exclusiva al nuevo organismo de seguridad.
Aunque ambas objeciones podían ser corregidas con rapidez, la ley antisecuestro no ha sido publicada en Gaceta Oficial. Por lo tanto, este delito es juzgado de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal.
REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
