|
|
|
En el mar de la corrupción nadan peces gordos y flacos. Las redes de la Fiscalía General de la República (FGR) han sido lanzadas a esas infectadas aguas logrando pescar a 86 ejemplares en cuatro meses: de enero a abril pasado. Hasta ahora, ningún tribunal del país los ha condenado por corruptos.
Pero ya tienen su expediente abierto con una pestañita donde se lee: 'imputado', según se desprende de la página web de la FGR.
El listado de los 86 investigados por corrupción incluye a un gobernador (Carlos Giménez, Yaracuy) que otorgó BsF 61 millones a una cooperativa sin llamar a licitación; un ex magistrado del TSJ (Luis Velásquez Alvaray) que anda huyendo tras ser expulsado por una 'falta grave'; 10 alcaldes que desaparecieron dineros públicos o se enriquecieron con ellos y un director de policía (Polivargas) que ayudó a escapar a un preso.
También figuran 5 cooperativistas que recibieron dinero por productos que nunca llegaron al Mercal de Guacara; dos funcionarios de Pdvsa que facturaron 16 millardos de bolívares para reparaciones fantasmas; un jefe civil de Caracas (parroquia San Juan) que puso preso a un ciudadano sin luego presentarlo ante un tribunal; un dueño de un restaurante (Caldero Gourmet, Maracaibo) que tenía en su almacén 200 kilos de pollo de Mercal; tres gerentes de un automercado (San Diego) que vendían alimentos de Mercal y hasta un director del Ministerio Público, a quien pescaron intentando quitarle BsF 300 mil a un prestamista, a cambio de no abrirle una investigación. Todo eso, presuntamente.
Pero el cardumen más grande de 'peces' presuntamente involucrados en corrupción, que ha caído en las redes de la Fiscalía, tiene que ver con la compra-venta de un lote de terrenos en Tucacas (Fal). El alcalde de Tucacas (Osnel Alfonso Arnías) fue el primero en ser imputado por este caso. Habría adjudicado y vendido más de dos terrenos por día a las mismas personas y empresas.
A la imputación del mandatario local le siguieron 17 personas más, incluyendo a su hermano Alfonso Velasco, al presidente de la cámara municipal Ubaldo Vargas y al concejal Rolando Maduro. Además, hay imputados tres ex ediles; un ex contralor municipal, un ex síndico, 7 empresarios y un ex presidente del Instituto de Vialidad de Falcón. Obtención ilegal de utilidades de la Administración Pública es el delito que salta a la vista en la mayoría de esas imputaciones.
Los encanados. De los 86 que tienen expedientes abiertos por corrupción en el Ministerio Público, 28 permanecen actualmente recluidos, bien por la magnitud del delito que le achacan, porque se presume fuga o porque así lo ponderó el juez. De estos casos destaca el del alcalde de Río Negro, Luis Alirio Avaristo, imputado porque supuestamente desapareció el dinero que el Fides le aprobó para que construyera el Complejo Turístico Hotelero Río Negro y la instalación de telefonía satelital en diferentes comunidades de Amazonas. Por ello, está preso desde el 7-1-08 en la 52º Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con sede en Puerto Ayacucho.
Otra que está tras las rejas es Deomaris Alvarado, funcionaria de Palmaven investigada por irregularidades en el otorgamiento de ayudas de Pdvsa.
Está recluida en la Dirección de Aprehensión del Cicpc-Caracas. Semejal Rodríguez, procesado por ese caso, está preso en el Rodeo I. En ese mismo penal están los dos policías metropolitanos que extorsionaban (supuestamente) a comerciantes de Guarenas junto a dos supuestos funcionarios del Seniat; en la Disip hay cinco polivargas, incluido su director.
En La Planta está el proveedor de Mercal que vendió productos a la Policlínica Metropolitana, así como tres funcionarios del Ivss que supuestamente cobraban a los proveedores por mantenerlos en nómina; en el Core 2 de la GN (Valencia) está recluido el jefe de la policía de Los Guayos, un detective y un subinspector, acusados de sembrarle droga un ciudadano para luego exigirle BsF 15 mil y soltarlo.
Víctor José Moreno Escalona es uno de los 10 alcaldes imputados por estar involucrado en supuestos hechos de corrupción.
Moreno Escalona es el actual alcalde de San Felipe y aspira a la Gobernación de Yaracuy por el partido Primero Justicia. Enriquecimiento ilícito, estafa, fraude millonario, sobrefacturación y ocultamiento de datos en la declaración jurada de patrimonio son algunos de los delitos que le achaca la FGR.
De esos 86 imputados, a 9 se les ha concluido la investigación y acto seguido la FGR presentó formal acusación ante los tribunales de control. En todos esos casos, la Fiscalía ha solicitado enjuiciar a los procesados.
Entre los acusados que esperan una decisión sobre si se les abre o no juicio, se encuentran tres funcionarios del Cicpc-Yaritagua que agarraron a un ciudadano y tras despojarlo de su moto lo golpearon y lo obligaron a entregarle dinero para dejarlo libre, y tres trabajadores de Mercal-Puerto Ayacucho que acapararon alimentos de la red gubernamental.
GIMÉNEZ EN EL BANQUILLO
El caso del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, es particular: aún no ha sido imputado por ser un alto funcionario. Y para que se dé ese paso, debe ser autorizado por los 32 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ya la Sala admitió la solicitud de antejuicio de mérito consignada por la fiscal Luisa Ortega Díaz y convocó a una audiencia oral, el próximo día 20, para escuchar al mandatario.
Después de oírlo, la magistrada Deyanira Nieves redactará una ponencia y la presentará a consideración de sus restantes 31 colegas, quienes decidirán si el gobernador yaracuyano, otrora aliado del chavismo, va o no a juicio. Uno de los 'peces gordos' que nada (presuntamente) en el mar de la corrupción. REGRESAR |
| Fecha publicada: 05/05/2008
Fuente: Últimas Noticias
Tema: gobierno
|
*** noticias no disponibles *** |
|
